Derecho a la libertad de reunión y de asociación

- Por expertos jurídicos cubanos
La libertad de asociación se considera como un derecho civil y político esencial garantizado por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU; también en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En virtud de lo regulado en la nueva Constitución de la República de Cuba, en el artículo 56 los derechos de reunión manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las perspectivas establecidas en la ley.   
En Cuba, desde el triunfo de la Revolución, a ninguna asociación de derechos humanos, civiles o profesional, y a ningún sindicato independiente que no se subordine a las instituciones del Estado y de las organizaciones de masas controladas por el mismo, se le permite el derecho a ser inscrito en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, por lo que su estatus es ilegal. Esto provoca que tanto los miembros de estas asociaciones como  sus familiares sean perseguidos y reprimidos.

Esta situación se ha agravado ya que las nuevas generaciones, teniendo en cuenta el desarrollo mundial en la economía, la cultura, las comunicaciones y la política, se han visto en la necesidad de asociarse de forma independiente al gobierno, puesto que han perdido la confianza en la gestión política del Estado. Además, a lo antes señalado se suma la apertura de una nueva modalidad de empleo en el país, llamado trabajo por cuenta propia, lo que es lo mismo que el nacimiento de la pequeña empresa privada; por ello sería necesario implementar reformas a las legislaciones que regulan este derecho a la libre asociación.
Ejemplos de algunas de las organizaciones independientes que han solicitado ser registradas en el Ministerio de Justicia: Cuba Independiente y Democrática (CID), Arco Progresista, Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), Mesa de Dialogo de la Juventud Cubana, Club de Escritores de Cuba y la  Corriente Agramontista (de Abogados Independientes), Consejería Jurídica e Instrucción Cívica (CJIC).
De estas organizaciones mencionadas, unas están en una espera interminable de respuesta por dicho Ministerio y otras han recibido respuesta negándole la posibilidad de ser registrada, alegando que las funciones que pretenden llevar a cabo ya la realizan organizaciones que se subordinan al Estado.
Las prohibiciones del derecho a asociarse a estas entidades de la sociedad civil en Cuba han provocado mucha indignación en la población cubana, ya que el Estado cubano ha utilizado métodos muy sucios para poder desaparecerlas, obligando a miembros de ellas a emigrar.
Toda esta violación del derecho de asociación es criticada por Organizaciones de Derechos Humanos internacionales. Según el Examen Periódico Universal que se realiza cada cuatro años a cada país por el Consejo de Derechos Humanos de las  Naciones Unidas, se conoce  que en el 2013 y 2018, dieciséis Estados pertenecientes al Consejo de las Naciones Unidas, hicieron recomendaciones sobre el derecho a libertad de reunión y asociación, donde el gobierno cubano tomó nota de 14 recomendaciones y sólo acepta 2. La vulneración del derecho a la libertad de reunión y de  asociación es la muestra de que cuba es un país violador de los derechos humanos. ​