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On April 19, Medardo Mairena, leader of the Farmers Movement of Nicaragua, commemorated the 2nd anniversary of the April Uprising of 2018. Thousands of Nicaraguans protested the authoritarian Sandinista rule of Daniel Ortega and his vice president/wife Rosario Murillo, and over 300 civilians ended up dead at the hands of government forces.
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La Alianza por la Libertad Global (GLA), Nicaragua Primero USA y Movimiento Campesino de Nicaragua emiten esta Declaración Conjunta al Gobierno Ortega-Murillo de Nicaragua: Su manejo de la crisis COVID-19 en el país está perjudicando a su pueblo. Lean el texto completo más abajo.
Global Liberty Alliance (GLA), Nicaragua Primero USA, and the Nicaraguan Farmers Movement issue this Joint Statement to Nicaragua’s Ortega-Murillo government: Your handling of the COVID-19 crisis in your country is endangering your people. Read the full text below.
 La Alianza por la Libertad Global (GLA) y el Movimiento Campesino de Nicaragua, liderado por Medardo Mairena Sequeira, anunciamos una colaboración. Juntos, estamos comprometidos con:
La Alianza por la Libertad Global se dedica a defender los derechos fundamentales del individuo, a la libre empresa y al imperio de la ley. En diciembre de 2018, la Ley NICA Act, la cual sanciona a los infractores de estos derechos en el régimen Ortega-Murillo, entró en vigor después de la aprobación por unanimidad del Congreso Estadounidense, en parte, gracias a los esfuerzos educativos de la GLA. El Movimiento Campesino de Nicaragua, organizado desde 2014, defiende los derechos de los campesinos contra el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para más información sobre el Movimiento, Ud. puede consultar su página Facebook. —-- GLA and the Farmers’ Movement of Nicaragua, led by Medardo Mairena Sequeira, announce our collaboration. Together, we are dedicated to furthering respect for human dignity, defending the rights of all Nicaraguans suffering oppression under Daniel Ortega’s regime, and fighting political persecution and corruption. The Global Liberty Alliance is committed to fundamental individual rights, free enterprise, and the rule of law. In December 2018, the NICA Act sanctioning violators of those rights in the Ortega regime was passed by President Trump after unanimous Congressional approval, in part thanks to GLA education efforts about the law and its importance to combating corruption in Nicaragua. The Farmers’ Movement of Nicaragua (Movimiento Campesino de Nicaragua) has been organized since 2014 to defend the rights of farmers against the authoritarian regime of Daniel Ortega. For more information about the Movimiento Campesino de Nicaragua, see their Facebook page. U.S. POLICY MAKERS URGE TRUMP ADMINISTRATION TO IMPOSE ADDITIONAL SANCTIONS ON NICARAGUAN OFFICIALS11/9/2019
In a letter to Secretary of the Treasury Steven Mnuchin this week, House Western Hemisphere Subcommittee Chairman Albio Sires (D- New Jersey) urged the Trump administration to hold Nicaraguan officials accountable for acts of corruption and serious violations of human rights.
“The repression carried out against peaceful protestors in 2018 by security forces and affiliated groups under the direction of President Daniel Ortega resulted in over 300 deaths and 800 arbitrary detentions,” Chairman Sires said. Sires added that “[w]hile I appreciate the actions that your department has already taken, including designations of three officials that were announced today, I urge you to fully utilize the tools available under U.S. law,” and impose additional sanctions on other Nicaraguan officials. For several years the Global Liberty Alliance has been tracking gross violations of fundamental rights in Nicaragua. The GLA has also met or talked with civil society leaders from Nicaragua, including family members and representatives of American citizens who have been targeted by the Ortega-Murillo regime. The GLA has also been urging U.S. policymakers to impose tougher sanctions, visa restrictions, and otherwise hold violators of fundamental rights to account for what they have done, and continue to do, to undermine regional security and U.S. national interests. Since 2008 several Americans have been killed and/or tortured by agents of the Cuba-backed Ortega-Murillo regime. Embedded in this post is a copy of Chairman Sires’s letter to Secretary Mnunuchin. Nic Letter 11-7-19 on Scribd: Nic Letter 11-7-19 by Jason I. Poblete on Scribd  El siguiente artículo apareció en la publicación nicaragüense La Prensa el 8 de enero de 2018. Un proyecto de ley de siete senadores fue actualizado, incluyendo el castigo al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Las sanciones de Estados Unidos contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, a través de la Ley Global Magnitsky Act, fueron incluidas en el anteproyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) que siete senadores de ambos partidos (republicanos y demócratas) presentaron antes de Navidad en la Cámara Alta para su discusión. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, un aliado del presidente designado Daniel Ortega, como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y corruptas en el mundo, el pasado 21 de diciembre. Siete influyentes senadores señalan fraudes electorales Ese mismo día siete influyentes senadores presentaron la Nica Act en el Senado, pero fue divulgado hasta el 22 de diciembre, horas antes del receso de fin de año. El proyecto de la Nica Act, presentado por los senadores, contempla nuevas variantes como la solicitud de un informe al secretario de Estado sobre las relaciones de Nicaragua con Rusia y Venezuela y el grado de cooperación de esos países con las fuerzas armadas nicaragüenses. Otro aspecto que incluye, como parte de los motivos expuestos para la aprobación de la Nica Act, son las sanciones designadas por el Departamento del Tesoro contra Rivas a través de la Magnitsky Act, en el que destaca que el presidente del CSE amasa una considerable fortuna personal al amparo de su cargo y de ser el responsable de fraudes electorales que socavan la institucionalidad del país. Proyecto de ley habla sobre riquezas del presidente del CSE “El Departamento del Tesoro emitió un comunicado de prensa anunciando la designación de sanciones contra abusadores de los derechos humanos y actores corruptos, incluido Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, de conformidad con la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos”, señala el proyecto de ley presentado por los siete senadores. “Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, (Rivas) devenga un salario gubernamental reportado de 60,000 dólares al año. Investigaciones periodísticas señalan que Roberto José Rivas Reyes amasa una considerable riqueza personal, eso incluye múltiples propiedades, jets privados, vehículos de lujo y un yate”.
También señala que Rivas ha actuado al margen de la ley: “ha perpetrado fraudes electorales que socavan las instituciones electorales en Nicaragua”, señala la Nica Act. La Global Magnitsky autoriza al presidente de Estados Unidos cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción. Las sanciones contra Rivas han empezado a surtir efecto, y es que la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) recibió notificación de parte de Estados Unidos sobre las sanciones al magistrado presidente del CSE de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes.  Esta es la residencia Casa Eleganza, en Villa Real, similar a la que tiene Roberto Rivas en Costa Rica. LA PRENSA/ ARCHIVO La Sugef debe fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades financieras en Costa Rica. Estado de la Nica Act S.2265 es el número que fue asignado y que identifica a la Nica Act en el Senado. La iniciativa fue enviada directamente al Comité de Relaciones Exteriores y está a la espera de ser programada en agenda para su discusión. El exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, explicó que la numeración de un proyecto es un tecnicismo del proceso que sucede cuando hay una propuesta nueva de ley. “Indica que está en consideración y que le han asignado número para distinguir ese proyecto de ley”, apuntó. La Nica Act, aprobada por la Cámara de Representantes a inicios de octubre del 2017 (en el 115 Congreso, periodo 2017-2018), fue presentada en el Senado para su discusión este año, pero antes ya había sido presentada en abril del 2017, casi de manera simultánea cuando fue introducida como proyecto de ley en el Congreso. La nueva propuesta en el Senado presenta modificaciones y se espera sean incluidas otras posibles propuestas. Una de ellas está hecha por nicaragüenses en el exterior que demandan que el Gobierno de Nicaragua cumpla con la ley, que permita que puedan ejercer su derecho al voto en el exterior, una ley que no cumple el Gobierno de Nicaragua, y es considerado una violación a sus derechos humanos. La legislación se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al Gobierno de Nicaragua y exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción. El proyecto ordena al secretario de Estado entregar un informe en consulta con las agencias de inteligencia a más tardar 90 días después de la fecha de promulgación de la ley, “sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en actos de corrupción pública, lavado de dinero o violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”. El comité de Relaciones Exteriores del Senado
El Comité de Relaciones Exteriores, presidido por el senador Bob Corker, está compuesto por otros veinte senadores. Dos de sus integrantes, Marco Rubio y Bob Menéndez, forman parte del grupo de copatrocinadores de la Nica Act, que el pasado 21 de diciembre junto a otros cinco senadores presentaron el proyecto, dándole un empuje a esa iniciativa de ley para su discusión en el Senado. El artículo original publicado por La Prensa se puede encontrar aquí.  El siguiente artículo apareció en la publicación nicaragüense La Prensa el 21 de diciembre de 2017. El experto Jason Poblete dijo que Estados Unidos está reevaluando su política hacia América Latina y que en el 2018 se verá un poco más definidaEl exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, dijo este miércoles que la posición de la administración del presidente Donald Trump, en relación con las elecciones municipales en Nicaragua, fue clara y contundente al intervenir durante la presentación del informe final de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Consejo Permanente. Estados Unidos condenó la violencia postelectoral, instó a investigar a los responsables de la violencia y las muertes, y señaló que los arrestos del Gobierno solo se han centrado exclusivamente en los seguidores de los partidos de oposición y que “algunos siguen aún detenidos”. Poblete es experto en Derecho Internacional, es exasesor del Congreso de Estados Unidos y actualmente trabaja en el bufete jurídico Poblete Tamargo. La OEA participó como acompañante en las votaciones municipales de Nicaragua, el pasado 5 de noviembre. “Es un cambio de mensaje, consistente con lo que ha dicho la administración Trump, que Estados Unidos no va a intervenir en la política de otros países, pero sí se requiere respeto a los derechos fundamentales (democracia y respeto a los derechos humanos) donde hay intereses de Estados Unidos (principal socio comercial de Nicaragua). Preocupan estas cosas porque la inestabilidad democrática en Nicaragua no ayuda a nadie en el hemisferio”, apuntó Poblete. Poblete dijo que tiene que haber cambios en el Consejo Supremo Electoral, el voto en el exterior, y la suscripción popular como parte de esos cambios. La situación en Nicaragua es trágica, dijo Poblete. DisyuntivaEl experto Jason Poblete dijo que Estados Unidos está reevaluando su política hacia América Latina y que en el 2018 se verá un poco más definida. “Nicaragua tiene que escoger si va a trabajar con Estados Unidos o lo va a hacer con los rusos, Cuba, Venezuela e Irán. Si va a continuar por esos senderos, equivocados en mi opinión, las Leyes como la Nica Act, la Magnitsky Act, van a continuar avanzando y ejerciendo presión”, afirmó el experto. Poblete dijo que la Nica Act seguirá su curso si no avanza en los próximos días, antes del receso legislativo.
The following press release was issued by Florida Representative Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) on December 1, regarding The Global Magnitsky Law.
Cosigners include: Senators Marco Rubio, Robert Menendez, Ted Cruz, Bill Nelson, and Reps. Ed Royce, Eliot Engel, Paul Cook, and Debbie Wasserman Schultz
(Washington, DC) – U.S. Reps. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) and Albio Sires (D-NJ) were joined by Senators Marco Rubio (R-FL), Robert Menendez (D-NJ), Ted Cruz (R-TX), Bill Nelson (D-FL), and Reps. Ed Royce (R-CA), Eliot Engel (D-NY), Paul Cook (R-CA), and Debbie Wasserman Schultz (D-FL), in sending a bipartisan and bicameral letter to the President urging the administration to use the authority provided by the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act to hold individuals in Nicaragua accountable for deep rooted corruption and human rights violations. The letter expresses concern regarding the actions of Nicaragua’s Supreme Electoral Council (CSE) and the Venezuelan PDVSA subsidiary in Nicaragua, ALBANISA, and calls for the Department of State and Department of Treasury to take immediate action to determine whether Roberto Rivas, CSE’s President, and Francisco Lopez, Vice-President of ALBANISA, meet the law’s criteria to be sanctioned. To read a copy of the letter, please click here.
Joint Statement By Ros-Lehtinen and Sires: “Global Magnistky determinations may have already been decided by the Administration, nevertheless, given the number of well-documented reports that implicate Rivas and Lopez in a wide array of human rights violations and corrupt activities, we urge State and Treasury to take immediate action to determine if these two individuals meet the criteria to be sanctioned under the Global Magnistky Act. “Rivas has overseen several elections marred by irregularities, depriving the Nicaraguan people of democratic elections in what represent gross violations of internationally recognized human rights. Lopez is likely directly responsible for, or complicit in, ordering, controlling, or otherwise directing, acts of significant corruption through ALBANISA – a subsidiary of Venezuela’s PDVSA. This bicameral and bipartisan letter demonstrates Congress’ willingness to work with the Administration in order to prioritize and further promote the cause of human rights and democracy in Nicaragua.” 12.01.17 Congressional Glob... by pobletetamargo on Scribd  El siguiente artículo fue publicado por La Prensa el 5 de diciembre de 2017. Jurista de EE.UU., Jason Poblete, explica el alcance de propuesta de congresistas en el caso de Nicaragua  Francisco López, tesorero del FSLN y uno de los señalados por legisladores de EE.UU. LA PRENSA/ Maynor Valenzuela La carta enviada por un grupo de congresistas y senadores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitan investigar y aplicar posibles sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y al vicepresidente de Albanisa, Francisco López, es el inicio de un proceso que podría complicarse para el entorno de Daniel Ortega. Según el abogado estadounidense Jason Poblete, radicado en este país, a medida que avancen las investigaciones el proceso podría desembocar e involucrar a otros altos funcionarios de Ortega señalados de violar los derechos humanos y de cometer supuestos actos de corrupción. Poblete es experto en derecho internacional, es exasesor del Congreso de Estados Unidos y actualmente trabaja en el bufete jurídico Poblete Tamargo. La solicitud de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, involucra a López, vicepresidente Alba de Nicaragua (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que enfrenta sanciones de Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. Para Poblete, Albanisa podría estar en la mira de la administración Trump debido a la política crítica de Estados Unidos hacia Venezuela. El pasado viernes un grupo de seis congresistas y cuatro senadores (republicanos y demócratas) envió una carta a Trump, en la que solicitan adoptar medidas inmediatas para investigar a través de la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act a Roberto Rivas y a Francisco López, este último tesorero del partido de gobierno. Ambos son allegados al caudillo sandinista y señalados de serias violaciones a los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas, conforme a la carta de los legisladores. “No hay ninguna duda que la carta va a influenciar, fue enviada al presidente de Estados Unidos, al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, dos agencias claves que están encargadas de hacer el análisis de la designación (aplicar la sanción). Ahí es donde tiene que ir, (ellos) estudian lo que están planteando los congresistas y senadores”, dijo Poblete. La solicitud de los legisladores podría abrir otras ventanas de investigación. “Podrían ser investigados no solo bajo la Magnitsky, hay otros programas de sanciones que aplica el Departamento del Tesoro, así que es bastante serio, es un ejercicio con sustancia (hechos). Se lo enviaron al presidente (Trump), no fue enviado directamente a las agencias, eso me indica que los congresistas y senadores están tratando de elevar el debate sobre el tema de Nicaragua y Centroamérica, eso indica que quieren que se haga más con Nicaragua”, evaluó el experto. Récord legislativoOtro de los aspectos que adquiere relevancia para el abogado es que las acciones del gobierno de Ortega están creando un récord legislativo sobre la situación de violación a los derechos humanos y la corrupción que afecta a Nicaragua. La carta fue firmada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Edward Royce, Albio Sires, Eliot Engel, Paul Cook, Debbie Wasserman Shultz y los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Nelson y Robert Menéndez. Poblete considera que además la dará un empuje a la ley conocida como Nica Act. “No es un embargo” Explicación de VecchioCarlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular de Venezuela, dijo que la solicitud no solo es la aplicación de la Ley Magnitsky, sino también las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado a PDVSA y a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. “Si bien hacen mención a la Ley Magnitsky, cuando se refieren al caso de Albanisa, piden se investigue y se coloquen en la lista de sancionados, los pueden incluir en la lista de la OFAC, y están mencionando claramente a dos personas: a Francisco López (vicepresidente de Albanisa) y a Roberto Rivas (presidente del CSE)”, dijo Vecchio. La medida impactaría a Albanisa, que está en la mirilla de la administración Trump. Esto tendría un impacto más allá de Magnitsky, impactaría a la telaraña de las finanzas de Albanisa” |
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