LA PRENSA: RÉGIMEN DE DANIEL ORTEGA Y ROSARIO MURILLO BAJO CRÍTICA EN EL SENADO ESTADOUNIDENSE

En agenda de esta comisión está el debate y votación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S. 3233, presentada por el líder demócrata en ese Comité, Bob (Robert) Menéndez.

Este miércoles inicia el camino legislativo para la aprobación de iniciativas de Ley de sanciones contra el régimen del dictador Daniel Ortega como respuesta a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la falta de democracia en Nicaragua. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado debatirá el tema.

En agenda de esta comisión está el debate y votación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S. 3233, presentada por el líder demócrata en ese Comité, Bob (Robert) Menéndez.

Se espera que el resultado que saldrá este miércoles de ese Comité es la fusión de su iniciativa —que establece sanciones a personas responsables de violencia y abusos a los derechos humanos—, y la conocida Nica Act cuya autora es la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen.

La discusión legislativa surge en momentos que Estados Unidos y la comunidad internacional aumentan la presión contra Ortega, quien se rehúsa a detener la violencia contra manifestantes pacíficos que demandan su salida del poder. Pero también rechaza las elecciones anticipadas. La congresista Ros-Lehtinen dijo el lunes pasado que el resultado sería una “ley fuerte para los abusadores de derechos humanos”.

​Abanico de sanciones

El exasesor en la Cámara de Representantes, Jason Poblete, explicó que la unión de los proyectos legislativos contempla sanciones a individuos (el del senador Menéndez) y comprensivas (Nica Act) que estarían dirigidas a “sectores de la economía que le dan apoyo al sistema”, esto sería en referencia a organismos multilaterales.

En esa misma línea se contempla la limitación del acceso al mercado estadounidense. En el caso de Nicaragua, el Nica Act condicionaría el acceso a los créditos al régimen de Ortega, para evitar el mal uso de los fondos crediticios de la banca internacional, afirmó Ros-Lehtinen el pasado lunes.

Poblete dijo que se ha llegado al punto de promover sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, porque representa una amenaza a los intereses del hemisferio, a la seguridad y la estabilidad de la región.

“Lo que está sucediendo en Nicaragua ya no solo afecta al país. Es una situación que se ha desbordado porque hay una crisis potencial migratoria. Hay una crisis humanitaria”, indicó.

Lo anterior es para el experto un campo fértil para la migración ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico. “Creo debe haber una respuesta regional, Estados Unidos está dando apoyo y trabajando con nuestros aliados de otros países en Centroamérica para contener el problema y crear estabilidad en Nicaragua”.

“La corrupción ha penetrado el sistema en Nicaragua. Está contribuyendo a la permanencia del sandinismo en el poder. Este proyecto de Ley lo que está haciendo es la mezcla de ciertas propuestas de consenso enfocada en la defensa de los derechos humanos, pero también llegar a una solución negociada a la crisis de ser posible”.
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Según informes de organismos de derechos humanos, la represión de Ortega ha causado entre 322 y 512 muertos.

​​La visión del gobierno

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha defendido que ellos han sido víctimas de un intento de golpe de Estado en los hechos ocurridos a partir de abril.

Sin embargo, en realidad, lo que ocurrió fue una rebelión cívica que fue brutalmente reprimida por el Gobierno, a través de la Policía Orteguista y los paramilitares que aterrorizaban a los ciudadanos en sus barrios. La represión, además de muertes, ha provocado el éxodo de miles de personas en busca de su bienestar y ante la amenaza reiterada del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional que opera en los barrios a través de los Consejos del Poder Ciudadanos, órganos de control civil de Ortega.